Representantes de diferentes comunidades Afro-ecuatorianas (Comuna Barranquilla de San Javier, Red Coordinadora de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, Unidad del Pueblo Afroecuatoriano, Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más), en colaboración con las organizaciones defensoras de derechos humanos en Ecuador (Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, CEDHU y Acción Ecológica), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de solicitar una “Audiencia Temática”.

Esta audiencia, a la cual solicitan que se invite a los representantes del Estado ecuatoriano, tiene el objetivo de presentar tres casos de racismo que evidencian discriminación estructural y sistemática en contra de las comunidades campesinas afroecuatorianas. Casos donde el sector privado y el Estado ecuatoriano han vulnerado derechos colectivos, Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales (DESCA), y derechos humanos de estas comunidades, además de ataques contra los defensores que incluyen el hostigamiento, criminalización y judicialización.

En el escrito, las comunidades y organizaciones mencionaron el informe completo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en el cual el Grupo expresa su preocupación por “el desplazamiento de las comunidades rurales de sus tierras, la degradación del medio ambiente y la criminalización de los defensores de los derechos humanos vinculadas con la minería, las palmicultoras y las madereras, especialmente en el norte de Esmeraldas.” También aludieron al caso de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. en el cual se presentan casos de “servidumbre de gleba”, la cual es una forma contemporánea de esclavitud. En este sentido, el informe establece que las comunidades campesinas afroecuatorianas se encuentran en “una situación de racismo ambiental producto de la contaminación sistemática del agua y del medio ambiente, de las amenazas y la intimidación a las comunidades y de los esfuerzos insuficientes por parte del Estado para evitar, sancionar y reparar dicha degradación.”

Los casos específicos a los que hacen referencia la solicitud de audiencia son el de las Familias sometidas a esclavitud por la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A., donde La Defensoría Pública Ecuatoriana determinó la presencia de formas cercanas a la esclavitud. Por estas razones el Ministerio de Trabajo ha impuesto multas contra la empresa, el Ministerio de Inclusión Económica y Social determinó que la mayoría de las familias enfrentan extrema pobreza y la Fiscalía inició una investigación penal. Sin embargo, el gobierno no ha ejecutado acciones oportunas y la empresa sigue, de manera impune, cosechando y exportando abacá.

El segundo caso es el de La Comuna de Barranquilla de San Javier afectada por la empresa Energy & Palma S.A.. A pesar de que la comunidad obtuvo el reconocimiento legal en 1997, lo que implica derechos colectivos sobre el territorio, la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. ha asentado invasiones ilegales al interior del territorio. Si bien la comunidad ha realizado protestas pacíficas, la empresa ha demandado a los líderes comunitarios acusándolos de causar daños a la propiedad privada. Desafortunadamente, hasta ahora, los jueces de la provincia de Esmeraldas han fallado a favor de la palmicultora. Además de Energy & Palma S.A., otras empresas palmicultoras y madereras ubicadas en esta provincia han buscado acaparar tierras colectivas para convertirlas en monocultivo, a través del despojo y desplazamiento de campesinos del pueblo Afroecuatoriano.

Finalmente, encontramos el caso de la Contaminación de varios ríos en San Lorenzo y Eloy Alfaro por minería (legal e ilegal) de oro. En este escenario, aunque existen sentencias judiciales que ordenan garantizar el acceso al agua por parte de las comunidades indicadas, el Estado ha otorgado nuevas concesiones y permisos ambientales con el fin de legalizar las actividades minerales ilegales. Por este motivo la comunidad se ha visto forzada a presentar demandas por incumplimiento ante la Corte Constitucional.

Las organizaciones y comunas firmantes invitan a la CIDH a continuar identificando desafíos específicos en la región a través de su REDESCA (Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), ubicando tanto conductas estatales omisivas, como el desarrollo de actividades empresariales que favorecen las condiciones de desigualdad estructural.